La lentitud del sistema judicial brasileño ha dado lugar a empresas que compran los derechos legales de los clientes, pagándoles por adelantado el monto que recibirían en la demanda.

¿Quién no ha tenido nunca su nombre indebidamente negativo o conoce a alguien que lo haya hecho?

Los bancos, las financieras y las telefónicas son los campeones en las denuncias por negación indebida.

Por lo general, estas empresas realizan cargos indebidos que no son pagados por los consumidores, y de ahí la negatividad.

Ni siquiera hace falta decir los inconvenientes que trae el nombre negativo, debido a la restricción de crédito y los cargos incesantes a lo largo del día.

Las gestoras de patrimonio judicial son empresas especializadas en la adquisición y anticipación de reclamaciones judiciales.

Es decir, son empresas que compran los derechos que tendría el consumidor perjudicado, anticipando un valor económico para él de forma rápida y práctica.

Por ejemplo, alguien cuyo nombre fue negado por error.

Esa persona tardaría más de dos años en recibir algo de la compañía que le negó después de presentar una demanda.

A través de estas empresas, el consumidor les transfiere el derecho a interponer la demanda y recibe un monto de indemnización por adelantado, que puede llegar hasta R$ 1.000,00 por pasajero.

Esa es la primera pregunta que la mayoría de la gente hace cuando lee un artículo como este.

Muchos se sienten inseguros de estar involucrados en algún tipo de negocio prohibido por la ley o incluso ser engañados.

Sin embargo, la respuesta a esta pregunta es bastante simple: SÍ, la venta de créditos judiciales es legal.

Esta práctica está avalada por el Código Civil y el Código de Protección al Consumidor, siendo algo dentro del marco legal del país.

Una denegación indebida puede ocurrir de muchas formas, y todas ellas están sujetas a compensación:

Es muy sencillo reclamar su indemnización. Siga los pasos a continuación:

Cabe señalar que no es necesario que el cliente asista a ninguna audiencia ni nada por el estilo, ya que todo lo hace la empresa que compró su crédito judicial.