Las empresas especializadas en la compra de créditos de juicios están pagando hasta R$ 1000.00 en 48 horas a los clientes perjudicados por las aerolíneas.

Cualquiera que haya tenido un vuelo cancelado o retrasado sabe los inconvenientes que esto causa.

Citas perdidas, vacaciones frustradas, pérdidas financieras y agotamiento emocional...

Son muchos los problemas que acompañan a estos inconvenientes que muchos brasileños tienen con las aerolíneas.

Sin embargo, muchos brasileños desconocen que hay una serie de requisitos que las empresas deben cumplir en casos de cancelación o retraso de vuelos, y que casi nunca cumplen.

En estos casos, es derecho del consumidor reclamar devoluciones económicas a los operadores aéreos.

Las gestoras de patrimonio judicial son empresas especializadas en la adquisición y anticipación de reclamaciones judiciales.

Es decir, son empresas que compran los derechos que tendría el consumidor perjudicado, anticipando un valor económico para él de forma rápida y práctica.

Por ejemplo, alguien a quien se le canceló o retrasó un vuelo por muchas horas.

Esa persona tardaría más de dos años en recuperar algo de las aerolíneas después de presentar una demanda.

A través de estas empresas, el consumidor les transfiere el derecho a interponer la demanda y recibe un monto de indemnización por adelantado, que puede llegar hasta R$ 1.000,00 por pasajero.

Esa es la primera pregunta que la mayoría de la gente hace cuando lee un artículo como este.

Muchos se sienten inseguros de estar involucrados en algún tipo de negocio prohibido por la ley o incluso ser engañados.

Sin embargo, la respuesta a esta pregunta es bastante simple: SÍ, la venta de créditos judiciales es legal.

Esta práctica está avalada por el Código Civil y el Código de Protección al Consumidor, siendo algo dentro del marco legal del país.

Es muy sencillo reclamar su indemnización. Siga los pasos a continuación:

Cabe señalar que no es necesario que el cliente asista a ninguna audiencia ni nada por el estilo, ya que todo lo hace la empresa que compró su crédito judicial.

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